Los Estados Partes en el presente Convenio,
 

           Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados,
 

           Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo el mundo los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones,
 

           Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas contenida en la resolución 50/6 de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1995,
 

           Recordando también todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la cuestión, incluida la resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, y su anexo sobre la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron solemnemente que condenaban en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometiera, incluidos los que pusieran en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazaran la integridad territorial y la seguridad de los Estados,
 

           Observando que en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional se alentaba además a los Estados a que examinaran con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarcara todos los aspectos de la cuestión,

           Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, en cuyo párrafo 3, inciso f), la Asamblea exhortó a todos los Estados a que adoptaran medidas para prevenir y contrarrestar, mediante medidas internas apropiadas, la financiación de terroristas y de organizaciones terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, por conducto de organizaciones que tuvieran además o que proclamaran tener objetivos caritativos, sociales o culturales, o que realizaran también actividades ilícitas, como el tráfico ilegal de armas, la venta de estupefacientes y las asociaciones ilícitas, incluida la explotación de personas a fin de financiar actividades terroristas, y en particular a que consideraran, en su caso, la adopción de medidas reguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con fines terroristas, sin impedir en modo alguno la libertad de los movimientos legítimos de capitales, y que intensificaran el intercambio de información acerca de los movimientos internacionales de ese tipo de fondos,
 

           Recordando asimismo la resolución 52/165 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1997, en la que la Asamblea invitó a los Estados a que consideraran, en particular, la posibilidad de aplicar las medidas que figuraban en los incisos a) a f) del párrafo 3 de su resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996,

           Recordando además la resolución 53/108 de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió que el Comité Especial establecido en virtud de su resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996, elaborara un proyecto de convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo que complementara los instrumentos internacionales conexos existentes,

           Considerando que la financiación del terrorismo es motivo de profunda preocupación para toda la comunidad internacional,

           Observando que el número y la gravedad de los actos de terrorismo internacional dependen de la financiación que pueden obtener los terroristas,

           Observando igualmente que los instrumentos jurídicos multilaterales vigentes no se refieren explícitamente a la financiación del terrorismo,

           Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores,

           Han acordado lo siguiente:

            A los efectos del presente Convenio:

    1.     Por "fondos" se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con
    independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la
    forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la
    enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos,
    obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.

    2.     Por "institución gubernamental o pública" se entenderá toda instalación o vehículo de carácter permanente o
    temporario utilizado u ocupado por representantes de un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, el poder legislativo o la
    administración de justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra autoridad o entidad pública o funcionarios o
    empleados de una organización intergubernamental, en el desempeño de sus funciones oficiales.

    3.     Por "producto" se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión
    de un delito enunciado en el artículo 2.

    1.     Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y
    deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en
    todo o en parte, para cometer:

            a)     Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal
    como esté definido en ese tratado;

            b)     Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra
    persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de
    dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización
    internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

    2.     a)     Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Convenio, un Estado
    que no sea parte en alguno de los tratados enumerados en el anexo podrá declarar que, en la aplicación del presente
    Convenio a ese Estado Parte, el tratado no se considerará incluido en el anexo mencionado en el apartado a) del párrafo 1.
    La declaración quedará sin efecto tan pronto como el tratado entre en vigor para el Estado Parte, que notificará este hecho
    al depositario;

            b)     Cuando un Estado Parte deje de serlo en alguno de los tratados enumerados en el anexo, podrá efectuar una
    declaración respecto de ese tratado con arreglo a lo previsto en el presente artículo.

    3.     Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1, no será necesario que los fondos se hayan usado
    efectivamente para cometer un delito mencionado en los apartados a) o b) del párrafo 1.

    4.     Comete igualmente un delito quien trate de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo.

    5.     Comete igualmente un delito quien:

            a)     Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo;

            b)     Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo o dé órdenes a otros de
    cometerlo;

            c)     Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo por
    un grupo de personas que actúe con un propósito común. La contribución deberá ser intencionada y hacerse:

            i)     Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o
    esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo; o

            ii) Ya sea con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente
    artículo.

            El presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de ese Estado y se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 ó 2 del artículo 7, con la excepción de que serán aplicables a esos casos, cuando corresponda, las disposiciones de los artículos 12 a 18.
 

            Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

        a)     Tipificar como infracción penal, con arreglo a su legislación interna, los delitos enunciados en el artículo 2;

        b)     Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave.
 

    1.     Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las medidas necesarias para que
    pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su
    legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el
    artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa.

    2.     Se incurrirá en esa responsabilidad sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan
    cometido los delitos.

    3.     Cada Estado Parte velará en particular por que las entidades jurídicas responsables de conformidad con lo dispuesto
    en el párrafo 1 estén sujetas a sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Tales
    sanciones podrán incluir sanciones de carácter monetario.

            Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para asegurar que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar.

    1.     Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
    enunciados en el artículo 2 cuando éstos sean cometidos:

            a)     En el territorio de ese Estado;

            b)     A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad
    con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión del delito;

            c)     Por un nacional de ese Estado.

    2.     Cada Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos cuando sean
    cometidos:

            a)     Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 2
    en el territorio de ese Estado o contra uno de sus nacionales o haya tenido ese resultado;

            b)     Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 2
    contra una instalación gubernamental de ese Estado en el extranjero, incluso un local diplomático o consular de ese Estado,
    o haya tenido ese resultado;

            c)     Con el propósito o el resultado de cometer un delito de los indicados en los apartados a) o b) del párrafo 1 del
    artículo 2, en un intento de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto;

            d)     Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado;

            e)     A bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado.

    3.     Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, notificará al Secretario
    General de las Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional con arreglo
    al párrafo 2. El Estado Parte de que se trate notificará inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan.

    4.     Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que resulten necesarias para establecer su jurisdicción respecto de
    los delitos enunciados en el artículo 2 en los casos en que el presunto autor del delito se halle en su territorio y dicho Estado
    no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los
    párrafos 1 ó 2 del presente artículo.

    5.     Cuando más de un Estado Parte reclame jurisdicción respecto de uno de los delitos mencionados en el artículo 2, los
    Estados Partes interesados procurarán coordinar sus acciones de manera apropiada, en particular respecto de las
    condiciones para enjuiciar y de las modalidades de la asistencia judicial recíproca.

    6.     Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, el presente Convenio no excluye el ejercicio de
    ninguna  jurisdicción penal establecida por un Estado Parte de conformidad con su legislación nacional.

    1.     Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos
    internos, para la identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados
    para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos delitos, a los efectos de su
    posible decomiso.

    2.     Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas que resulten
    necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2 y del
    producto obtenido de esos delitos.
 

    3.     Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de concertar acuerdos para compartir con otros
    Estados Partes, por norma general o en cada caso, los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente
    artículo.
 

    4.     Cada Estado Parte considerará el establecimiento de mecanismos mediante los cuales los fondos procedentes de los
    decomisos previstos en el presente artículo se utilicen para indemnizar a las víctimas de los delitos mencionados en los
    incisos a) o b) del párrafo 1 del artículo 2, o de sus familiares.

    5.     La aplicación de las disposiciones del presente artículo se efectuará sin perjuicio de los derechos de los terceros de
    buena fe.

    1.     El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto
    culpable de un delito enunciado en el artículo 2 tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad
    con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en esa información.
 

    2.     El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delincuente, si estima que las
    circunstancias  lo justifican, tomará las medidas que correspondan conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la
    presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición.
 

   3.     Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 2 tendrá derecho a:
 

            a)     Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea
    nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apátrida, del Estado
    en cuyo territorio resida habitualmente;

            b)     Ser visitada por un representante de dicho Estado;

            c)     Ser informada de los derechos previstos en los apartados a) y b) del presente párrafo.

    4.     Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos
    del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos
    reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3 del presente
    artículo.
 

    5.     Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al
    apartado b) del párrafo 1 o al apartado b) del párrafo 2 del artículo 7, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité
    Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
 

    6.     El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y
    las  circunstancias que la justifiquen, a los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los
    párrafos 1 ó 2 del artículo 7 y, si lo considera oportuno, a los demás Estados Partes interesados, directamente o por
    intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1
    del presente artículo informará sin dilación de los resultados de ésta a los Estados Partes mencionados e indicará si se
    propone ejercer su jurisdicción.
 

    1.     En los casos en que sea aplicable el artículo 7, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente,
    si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a
    efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con
    independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las
    mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.
 

    2.     Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo
    de otro modo sólo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas
    del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición
    están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega
    condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1.
 

    1.     Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado
    de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados
    Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten
    posteriormente entre sí.
 

    2.     Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de otro Estado Parte, con el
    que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente Convenio
    como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición
    estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación al que se ha hecho la solicitud.
 
 

    3.     Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos enunciados
    en el artículo 2 como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del Estado
    al que se haga la solicitud.
 

    4.     De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considerará que los delitos enunciados en el
    artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que hayan
    establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 7.
 

    5.     Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados Partes con respecto a los delitos
    enumerados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados Partes en la medida en que sean incompatibles
    con el presente Convenio.
 

    1.     Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o
    procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la
    obtención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

    2.     Los Estados Partes no podrán rechazar una petición de asistencia judicial recíproca al amparo del secreto bancario.

    3.     El Estado Parte requirente no utilizará ni comunicará la información o prueba que reciba del Estado Parte requerido
    para investigaciones, enjuiciamientos o causas distintos de los consignados en la petición, sin la previa autorización del
    Estado Parte requerido.

    4.     Cada Estado Parte podrá estudiar la posibilidad de establecer mecanismos para compartir con otros Estados Partes
    la  información o las pruebas necesarias a fin de establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa en aplicación del
    artículo 5.

    5.     Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud de los párrafos 1 y 2 de conformidad con
    los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o
    acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional.
 

        Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se podrá considerar, a los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, como delito fiscal. En consecuencia, los Estados Partes no podrán invocar como único motivo el carácter fiscal del delito para rechazar una solicitud de asistencia judicial recíproca o de extradición.
 

        A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.

            Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca si el Estado Parte al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2 o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

    1.     La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia
    e solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación para que ayude a obtener pruebas
    necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos enunciados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen
    las condiciones siguientes:

            a)     Da, una vez informada, su consentimiento de manera libre;

            b)     Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que
    consideren apropiadas.
 

    2.     A los efectos del presente artículo:

            a)     El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el
    Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;

            b)     El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del
    Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos
    Estados;

            c)     El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que fue trasladada que inicie
    procedimientos de extradición para su devolución;

            d)     Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada
     a  los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.

    3.     A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo
    esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna
    otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas
    anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.
 

        Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos.

    1.     Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2, tomando todas las medidas
    practicables, entre otras, adaptando, de ser necesario, su legislación nacional para impedir que se prepare en sus
    respectivos territorios la comisión de esos delitos tanto dentro como fuera de ellos, incluidas:

            a)     Medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas y organizaciones que promuevan,
    instiguen, organicen o cometan a sabiendas los delitos enunciados en el artículo 2;

            b)     Medidas que exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las transacciones
    financieras  utilicen las medidas más eficientes de que dispongan para la identificación de sus clientes habituales u
    ocasionales, así como de los clientes en cuyo interés se abran cuentas, y presten atención especial a transacciones inusuales
    o sospechosas y reporten transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva. A tales efectos, los Estados
    Partes considerarán:

            i)     Adoptar reglamentaciones que prohíban la apertura de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan
    ser  identificados, así como medidas para velar por que esas instituciones verifiquen la identidad de los titulares reales de
    esas  transacciones;

            ii)     Con respecto a la identificación de personas jurídicas, exigir a las instituciones financieras que, cuando sea
    necesario, adopten medidas para verificar la existencia jurídica y la estructura del cliente mediante la obtención, de un
    registro público, del cliente o de ambos, de prueba de la constitución de la sociedad, incluida información sobre el nombre
    del cliente, su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas a la facultad de la persona jurídica
    para  contraer obligaciones;

            iii)     Adoptar reglamentaciones que impongan a las instituciones financieras la obligación de reportar con prontitud a
    las autoridades competentes toda transacción compleja, de magnitud inusual y todas las pautas inusuales de transacciones
    que no tengan, al parecer, una finalidad económica u obviamente lícita, sin temor de asumir responsabilidad penal o civil por
    quebrantar alguna restricción en materia de divulgación de información, si reportan sus sospechas de buena fe;

            iv)     Exigir a las instituciones financieras que conserven, por lo menos durante cinco años, todos los documentos
    necesarios sobre las transacciones efectuadas, tanto nacionales como internacionales.

    2.     Los Estados Partes cooperarán además en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2 considerando:

            a)     Adoptar medidas de supervisión, que incluyan, por ejemplo el establecimiento de un sistema de licencias para
    todas las agencias de transferencia de dinero;

            b)     Aplicar medidas viables a fin de descubrir o vigilar el transporte transfronterizo físico de dinero en efectivo e
    instrumentos negociables al portador, sujetas a salvaguardias estrictas que garanticen una utilización adecuada de la
    información y sin que ello obstaculice en modo alguno la libre circulación de capitales.

    3.     Los Estados Partes reforzarán su cooperación en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2 mediante el
    intercambio de información precisa y corroborada, de conformidad con las disposiciones de su legislación nacional, y la
    coordinación de medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los
    delitos enunciados en el artículo 2, especialmente para:

            a)     Establecer y mantener vías de comunicación entre sus organismos y servicios competentes a fin de facilitar el
    intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos enunciados en el artículo 2;

            b)     Cooperar en la investigación de los delitos enunciados en el artículo 2 en lo que respecta a:

            i)     La identidad, el paradero y las actividades de las personas con respecto a las cuales existen sospechas
    razonables de que participan en dichos delitos;

            ii)     El movimiento de fondos relacionados con la comisión de tales delitos.

    4.     Los Estados Partes podrán intercambiar información por intermedio de la Organización Internacional de Policía
    Criminal (Interpol).

            El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presunto delincuente comunicará, de conformidad con su legislación nacional o sus procedimientos aplicables, el resultado final de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a otros Estados Partes.
 

            Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del presente Convenio de manera compatible con los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
 

            Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes.
 

            Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.

    1.     El anexo podrá enmendarse con la adición de tratados pertinentes que:
 

            a)     Estén abiertos a la participación de todos los Estados;

            b)     Hayan entrado en vigor;

            c)     Hayan sido objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de por lo menos 22 Estados Partes en el
    presente Convenio.

    2.     Una vez que el presente Convenio haya entrado en vigor, un Estado Parte podrá proponer tal enmienda. Toda
    propuesta de enmienda se comunicará al depositario por escrito. El depositario notificará a todos los Estados Partes las
    propuestas que reúnan las condiciones indicadas en el párrafo 1 y solicitará sus opiniones respecto de si la enmienda
    propuesta debe aprobarse.
 

    3.     La enmienda propuesta se considerará aprobada a menos que un tercio de los Estados Partes objeten a ella mediante
    notificación escrita a más tardar 180 días después de su distribución.
 

    4.     La enmienda al anexo, una vez aprobada, entrará en vigor 30 días después de que se haya depositado el vigésimo
    segundo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda para todos los Estados Partes que hayan
    depositado ese instrumento. Para cada Estado Parte que ratifique, acepte o apruebe la enmienda después de que se haya
    depositado el vigésimo segundo instrumento, la enmienda entrará en vigor a los 30 días después de que ese Estado parte
    haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
 

    1.     Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación del
    presente  Convenio y que no puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a
    arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
    de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la
    controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
 

    2.     Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, podrá declarar
    que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo
    dispuesto en el párrafo 1 respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.
 

    3.     El Estado que haya formulado la reserva conforme a las disposiciones del párrafo 2 podrá retirarla en cualquier
    momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
 

    1.     El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de
    diciembre de 2001 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
 

    2.     El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación
    o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
 

    3.     El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán
    depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
 

    1.     El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario
    General de las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
 

    2.     Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio o se adhieran a él después de
    que sea depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio
    entrará  en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación,
    aceptación, aprobación o adhesión.
 

    1.     Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida al Secretario
    General de las Naciones Unidas.
 

    2.     La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la
    notificación.
 

            El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
    auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él
    a  todos los Estados.

            EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de enero de 2000.

    1.     Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
 

    2.     Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de
    septiembre de 1971.
 

    3.     Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los
    agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
 

    4.     Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
    17  de diciembre de 1979.
 

    5.     Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980.
 

    6.     Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil
    internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
    firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
 

    7.     Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de
    marzo de 1988.
 

    8.     Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma
    continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
 

    9.     Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la
    Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.